La reciente eliminación del fondo fiduciario que financia el Plan Progresar, formalizada por el Decreto 888/2024 con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, ha encendido las alarmas en el ámbito educativo. Si bien el gobierno ha asegurado que las becas “continúan en vigencia”, la medida genera gran incertidumbre sobre el futuro de este programa.
El Fondo Fiduciario Público, creado en enero de 2022, tenía como objetivo acompañar a jóvenes en su formación educativa, cubriendo desde la finalización de la educación obligatoria hasta el nivel superior y la formación profesional. Al eliminar este soporte, surgen las dudas de cómo se mantendrá la continuidad y calidad del programa a largo plazo.
Este golpe llega en un año ya marcado por las tensiones en el ámbito universitario, con asambleas y movilizaciones estudiantiles contra el ajuste presupuestario a las universidades públicas. Mientras los estudiantes resisten, la decisión de suprimir el fondo fiduciario agrava aún más la crisis educativa.
Sin embargo, en medio de este panorama incierto, hay un alivio temporal: el Ministerio de Capital Humano ha garantizado que, al menos por este mes, las becas se pagarán con normalidad y no se ha mencionado la eliminación total del programa.
El Plan Progresar no es solo es un subsidio económico, es una inversión en el futuro de nuestro país. Acompañar a los jóvenes a concluir sus estudios, ingresar a la universidad o capacitarse para el trabajo, es apostar por el desarrollo y el progreso social. Eliminar o desfinanciar programas como este afecta directamente la igualdad de oportunidades. La crisis no se resuelve con recortes en educación; al contrario, debe ser el motor para el cambio que necesitamos.