El viernes pasado fue la 10° marcha por el derecho a la salud mental en Córdoba. La convocatoria inició con una concentración en Colón y Cañada a las 17, que marchó hasta desembocar en el Patio Olmos. La consigna de esta edición fue: “La salud mental no se negocia”. Entre las organizaciones presentes estuvieron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, La Bisagra, Sur, Franja Morada, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MTS), Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, Compromiso Social Estudiantil y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, y particulares.
La marcha demandó y exigió nuevamente la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 remarcando que la salud mental es un derecho. Desde el colectivo organizador presentaron 10 puntos que “no se negocian”, entre ellos: mayor presupuesto al subsistema de salud mental, sustitución de manicomios, atención integral en salud mental y cuidados en la comunidad, más casas de medio camino, cese de la persecución por consumo, un órgano de revisión y monitoreo permanente de las instituciones y más participación de las personas usuarias en los tratamientos y servicios.
Por otro lado, María Morillo, presidenta del grupo Confluir, Usuarios en Acción por el Derecho a la Salud Mental volvió a destacar otros puntos que ya había proclamado en el 5° Encuentro de Usuarixs de los Servicios de Salud Mental de la provincia de Córdoba: “Hay que sacar a la directora (de Salud Mental de Córdoba), tiene que venir gente nueva y renovada”. Así mismo, resaltó el rol de la sociedad como otro de los pilares claves en la lucha: “La sociedad discrimina y por eso nos quedamos encerrados”.
La marcha estuvo teñida de consignas y recuerdos. La familia de Ezequiel Castro se hizo presente para reclamar justicia por el joven asesinado en el Centro Psicoasistencial Córdoba (CPA), arrestado por la policía mientras tomaba una gaseosa con un amigo. Exigieron que el caso se abriera nuevamente y que el Estado se hiciera responsable, además del cierre absoluto del CPA. La justicia social y la salud mental se agarraron fuerte de las manos para marchar esa tarde.
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Quienes se manifestaron llegaron desde distintos lados, distintas organizaciones y por distintos motivos, pero todas y todos se unieron para formar una misma unidad en pos de un derecho en lucha. El clima político próximo a las elecciones del 19 de noviembre era y es uno de esos lugares en común que se hizo sentir en carteles, opiniones y conversaciones de marcha. Las dos fórmulas que se enfrentan, La Libertad Avanza y Unión por la Patria, parecen representar dos polos opuestos en cuanto a materia de derechos humanos, lo que genera preocupación e incertidumbre por un porvenir que ya es complejo de por sí.
Alma Sturari, estudiante en la Facultad de Psicología en la UNC, nos compartió su opinión ante este panorama: “Sería peligroso que alguien que se expresa tan en contra de los derechos humanos asuma como presidente. En la facultad aprendemos que la persona, en su proceso de salud, está condicionada por determinantes sociales, económicos, ecológicos, de trabajo y de vivienda. Me da miedo que se piense sólo en el aspecto económico y que se deje de lado todo lo vivido y la memoria de hechos que marcaron la vida de las personas”.
Martín Passini, integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, declaró que un posible triunfo de Javier Milei significaría un “retroceso terrible” en materia de derechos humanos. Agregó que, “el Estado tiene que garantizar la salud mental. A nivel nacional la discusión son las elecciones. Sabemos que los hospitales están estallados pero la discusión ahora es si va a seguir habiendo hospitales o no”.
