A dos años y medio de la aprobación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), son muchos los interrogantes sobre su implementación en la provincia de Córdoba. Los obstáculos aún son visibles, pero los datos marcan una diferencia positiva con respecto a años anteriores. En ese marco, Alejandra Domínguez, activista feminista e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba sostiene: “Lo más importante que logró la ley es el reconocimiento de un derecho, de un derecho largamente esperado por las mujeres y los cuerpos gestantes”.
Dicho esto, Domínguez cuenta que existe un proyecto que se llama Mirar, que consiste en un monitoreo actualizado de la implementación de la ley en todo el país. No sólo consistiría en un control constante de la atención del IVE sino también un parámetro para determinar cómo avanzan las cosas y detectar en dónde hay más necesidades. Gracias a este proyecto, que está en manos de activistas de diversas profesiones, podemos saber hoy que desde el año 2020 aumentó un 58 % en el país la cantidad de efectores públicos que realizan abortos, de 907 pasaron a ser 1.437.
Respecto a estos números, Domínguez, que también es secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, detalló que lo significativo es que se sumaron muchos efectores de salud a la práctica de abortos pero también que muchas más mujeres solicitaron y accedieron al aborto. Considera positivo que tras años de luchar para trascender las dificultades en el acceso a todas las prácticas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos del norte cordobés, “en este último tiempo se estén desarrollando instancias de formación y capacitación a profesionales de la zona”.
“El hacer ese proceso de formación a equipos de salud es clave, es clave para avanzar en el acceso a cualquier derecho porque muchos derechos se expresan en normativas, pero los profesionales no lo conocen, no conocen de manera adecuada la ley o no conocen el protocolo. Entonces es muy importante contar con esas instancias de manera sostenida”, añadió Domínguez, también docente de Sociales.
Señala también que en los tiempos que corren existen cuatro laboratorios públicos provinciales que producen Misoprostol, un fármaco que se utiliza para la práctica del aborto. Dos de ellos están en camino a producir Mifepristona.
Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incorporó la distribución a todo el país del combipack (Mifepristona 200 mg + Misoprostol 4 comp de 200 mcg), ampliando las opciones para el aborto con medicamentos y acercándose a los estándares de calidad internacional. Un avance notorio en el tratamiento que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que mejora la eficacia de los procedimientos.
“Se ha avanzado de manera significativa aunque no sin obstáculos, porque así como avanzamos en mayor cantidad de equipos o de personas que realizan la práctica también nos encontramos con otras cuestiones”, afirmó la investigadora, y luego agregó: “Todavía hay que desde las organizaciones feministas de mujeres acompañar, solicitar, insistir en los espacios en los centros de salud y en los organismos provinciales”.
En ese sentido, resaltó que también es importante que las usuarias puedan hacer las denuncias al 0800 de salud sexual y reproductiva, ya que se actúa sobre esas denuncias. Esto incluye no sólo los conflictos con las obras sociales sino cuando quieren acceder a una práctica y les es negada. Es muy bueno que puedan hacer la denuncia porque ese 0800 no sólo provee información acertada, precisa, confiable y clara todo, sino que también hace un seguimiento de las situaciones donde hay obstáculos y rápidamente busca resolver.
Del mismo modo se destaca la acción y los espacios de difusión y aprendizaje que se dan en los ámbitos de estudio como la UNC. Recientemente se hizo un seminariotaller en la Facultad de Ciencias Sociales sobre los obstáculos y los avances en términos de salud reproductiva organizado por distintos espacios. Allí se realizó un mapeo para identificar dónde están los equipos de salud realizando prácticas de ILE-IVE y dónde hay redes feministas, organizaciones de mujeres y de disidencias que apoyan, promueven o acompañan esos procesos de demanda para el acceso a un derecho. Los resultados lograron distinguir, por ejemplo, que en el sur de la provincia hay muy pocos efectores y las redes de acompañantes son insuficientes.
Por lo que es necesario distinguir el trabajo de las organizaciones feministas, de mujeres, de disidencias, las organizaciones sociales de derechos humanos que lograron un derecho y que día a día siguen trabajando para que siga avanzado. Son las organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, la campaña nacional por el Derecho al Aborto y las redes profesionales por el Derecho a Decidir quienes realizan acciones, monitorean y velan porque la ley se cumpla.