Crédito: La Nueva Mañana Córdoba
Por Sabrina Lazzarini, Valentina Pompolo, Ernestina Suárez y Clara Zurbriggen
La Ley de Salud Mental N° 26.651 prohíbe la existencia de este tipo de hospitales monovalentes. Sin embargo, cuatro de estos continúan funcionando y absorbiendo en Córdoba el mayor presupuesto destinado a salud mental. Se trata del Hospital Colonia Doctor Emilio Vidal Abal (de Oliva), del Hospital Regional Doctor José A. Ceballos Bell Ville, el Centro Psico Asistencial (CPA) y el Hospital Neuropsiquiátrico de la provincia de Córdoba.
A pesar que la Ley nacional prohíbe la existencia de estas instituciones, la Ley provincial prevé su transformación y no su cierre. Esto significa abordar el tratamiento desde un modelo comunitario, con enfoque interdisciplinar y con equipos capacitados. No obstante estos condicionamientos, el Hospital Neuropsiquiátrico ha sido foco de noticias debido a la muerte de una paciente de 27 años el pasado 10 de junio. La joven se encontraba esposada, y el personal de trabajo denunció falta de condiciones laborales.
Al igual que ocurrió en el Centro Psico Asistencial (CPA) que estuvo en el centro del torbellino a partir de la muerte de Ezequiel Castro, un joven de 21 años detenido por fuerzas policiales “usurpación a la propiedad privada” y más tarde derivado al CPA, donde falleció privado de su libertad a pesar de no tener antecedentes penales.
La Magíster Jacinta Burijovich, psicóloga y miembro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, declaró al respecto: “Las personas viven y malviven en estas instituciones. Nadie debe vivir en un hospital”. El colectivo al que pertenece continúa luchando por la plena implementación de la ley, el cumplimiento de un modelo de salud mental comunitario, equipos que acompañen los proyectos de vida de las personas en sus propias comunidades y el cierre de los manicomios para “no ir contra la voluntad de las personas y para resguardar sus derechos”.
La falta de presupuesto y su mala distribución no sólo afectan a los pacientes. La falta de personal es otra consecuencia dado que las mismas instituciones no consiguen trabajadores de la salud para las distintas áreas. Esto dificulta la aplicación de la ley ya que no se pueden crear los equipos interdisciplinarios necesarios para el seguimiento y observación de cada paciente.
Burijovich problematizó acerca de este conflicto asegurando que se han abierto hospitales sin contar con personal y haciendo hincapié en que además existe poco personal de salud y de salud mental. Otra de las consecuencias de esto es la falta de atención hacia los distintos pacientes con consumos problemáticos y a las posibilidades ciertas de reinserción en la comunidad. La profesional considera que ante los casos presentados en estos hospitales “es necesario que se declare un estado de emergencia”.