Por Sabrina Lazzarini, Valentina Pompolo, Ernestina Suárez y Clara Zurbriggen –
Si bien la Ley Nacional de Salud Mental estipula que se debe destinar un 10% del presupuesto de salud, en la actualidad en Córdoba se destina solo el 4,5%.
La Ley Nacional de Salud Mental se encuentra sancionada desde el 2010 pero en Córdoba no se implementa de forma correcta. En los últimos años solo se destinó entre un 6% y 7%, llegando a su pico más bajo en la actualidad.
Gran parte de ese porcentaje va destinado solo al Hospital Vidal Abal de Oliva, que según dicta la ley, debería estar cerrado. Esto toma un tinte de alarma ante otro dato esclarecedor: Córdoba, a comparación de otras provincias, tiene un presupuesto de salud general más bajo. Jacinta Burijovich, psicóloga y Magíster, parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, analiza y opina: “Es más bajo porque se prioriza la obra pública más que lo que tiene que ver con servicios”.
La Ley Provincial plantea diferencias con la Nacional, en cuanto no exige la eliminación sino la transformación de manicomios y no tiene órganos de revisión para monitorear el correcto cumplimiento de la ley. Se han detectado en Córdoba la presencia de salas de aislamiento, lo que continua vulnerando los derechos humanos, apertura de hospitales sin equipos y sin personal para usuarios de salud mental y de consumos problemáticos, y la falta de un modelo de salud comunitario y de enfoque interdisciplinario, entendiendo, en palabras de Burijovich, que: “No es solo un problema de los psicólogas y psicólogos, tienen que haber equipos con una mirada integral”.
Ante la falta de presupuesto, de recursos y de equipos el resultado es la implementación de una ley que no alcanza a cubrir todos los puntos establecidos. La vulneración de derechos, la privación de la libertad y de la voluntad de los usuarios de salud mental continua extendiéndose a todas las áreas, profundizándose en las internaciones, en el mundo laboral y encontrando un punto de emergencia en la situación de mujeres y niñas. La psicóloga y también vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, declara que el problema no es la ley ni su modificación, sino su correcta aplicación.